Por la orientación y los enfoques en aplicación, por el desarrollo del marco institucional, por la plataforma legislativa y, sobre todo, por la batería de instrumentos predominantes, la etapa vigente de la política ambiental mexicana es la que inició desde principios de los noventa y que se formalizó entre 1994 y 1995. Decir que esta etapa se encuentra vigente es sobre todo sostener que aún se encuentran en despliegue los cambios que se iniciaron desde entonces, y esto, por cierto, es común a muchos países.

Respecto de la etapa anterior de la política ambiental, que transcurrió sobre todo en los años ochenta y cuya transición estaba ya en marcha hacia 1990 como efecto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cambios no fueron sólo de organización administrativa (primero con el INE, la PROFEPA y la CONABIO en 1992 y luego con la SEMARNAP en diciembre de 1994), sino de orientaciones y de enfoques, bajo el marco del desarrollo sustentable asumido claramente a partir de entonces.

Con eso se buscó un mejor equilibrio entre los sectores industrial y urbano, con el ambiente rural y la conservación de la biodiversidad, bajo un esquema con mayor énfasis preventivo, lo que también incluyó un mayor peso del esfuerzo educativo, tecnológico y de la capacitación. Este marco asumió también la acción más participativa y de mejor dotación y acceso informativo, no sólo por motivos de mejora en el diseño de política sino también de la ciudadanización de la política ambiental, con pasos pioneros en relación a otras políticas.

El cambio de orientaciones y enfoques buscó también desplegar un esfuerzo gubernamental más integrado, y complementar activamente la tradicional política normativo – regulatoria con nuevas líneas de acción ambiental mediante instrumentos económicos y de mercado, de autorregulación y cumplimiento voluntario, de una política más descentralizada y desconcentrada, y de diversos instrumentos con los que se buscaba enfrentar de manera más eficiente nuevos y complejos retos derivados de las crecientes tensiones por las tendencias preexistentes y por los nuevos retos de una sociedad más integrada al mundo.

La transformación de la política ambiental fue sin duda catalizada tanto por movimientos multilaterales, como los derivados de cumbres y negociaciones internacionales, como por los procesos de liberalización comercial y por el acceso a organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por otro lado, fue impulsada por una creciente presión y participación social surgidos tanto de la tendencia democratizadora como de las preocupaciones por el deterioro ambiental. Además, el entorno de la política ambiental mexicana cambio notablemente por las mayores exigencias de la competitividad internacional y por los procesos de innovación tecnológica.

Esta transformación se ha dado y se sigue dando bajo un proceso incrementalista dominado más por las continuidades que por las rupturas, y en la mayoría de los casos la maduración de los cambios ha sido notoriamente lenta, en un ciclo que en ocasiones se ve rebasado por el surgimiento de nuevos problemas. El núcleo duro de la política ambiental mexicana sigue siendo un reducido grupo de instrumentos de gestión normativo – regulatorios, pero bajo un esquema más abierto a la participación aunque no más descentralizado.

En alguna medida ha fallado el esfuerzo por complementar ese núcleo duro fundado en el llamado comando y control. De aquí se deriva una buena parte de la agenda ambiental pendiente y en proceso, sin dejar de lado el hecho de que aún se encuentra muy incompleto el propio marco regulatorio.

Si embargo, es innegable el avance en cuanto a la calidad y la amplitud programática, que ha pretendido no sólo aplicar la protección ambiental sino conseguir una política de sustentabilidad. Ésta se encuentra apenas en niveles incipientes a pesar de los esfuerzos por hacer operativas las políticas de sustentabilidad. Los avances son también notorios en cuanto a formación de recursos humanos tanto públicos como privados y en cuanto a la vinculación entre conocimiento y políticas.

Las agendas ambientales están en renovación pues han surgido nuevas y más complejas áreas que demandan esfuerzos de política. Siguen surgiendo áreas emergentes, sobre todo porque la agenda global continúa en expansión. Hasta ahora se ha mantenido un equilibrio entre la capacidad nacional de conducción y la creciente agenda de compromisos internacionales, pero ésta parece rebasar nuestra capacidad de cumplimiento. Esta agenda creciente y cada vez más exigente no ha tenido suficiente cobertura presupuestal, no sólo porque el gasto público en protección ambiental se mantiene relativamente estancado, sino porque la inversión privada no ha despegado.

A estas alturas de la política ambiental contemporánea, algunos de sus principales instrumentos parecen haber llegado a su límite, mientras que otros no han terminado por consolidarse y algunos más apenas se encuentran en desarrollo. Esto supone una revisión constante de la jerarquía y la conformación de la batería instrumental de la política ambiental, así como de los componentes asociados en su aplicación.

El marco de una revisión responsable es por supuesto el del nuevo esquema de gobernabilidad ambiental, que exige un procesamiento más complejo entre poderes, entre gobierno federal y estados, y entre el poder público y la sociedad organizada.